1 juez, 2.000 ciudadanos y 108 diputados
Derecho subalterno e insurgente
En tres meses consecutivos, tres buenas noticias, relevantes para los que, en Barcelona, trabajamos en el mundo de la privación de libertad de las personas migrantes, de la represión de los movimientos migratorios.
El 26 de mayo de 2015, el Juzgado de Instrucción n.º 1 en funciones de control y vigilancia del CIE de Barcelona dictó un Auto en que revisaba tres aspectos de las condiciones de vida en el CIE que vulneran derechos fundamentales. Recuerda el juez que las personas privadas de libertad en el CIE ven obstaculizada su comunicación y relación con el exterior. Que, en un contexto de custodia policial y bajo reglas de relación de especial sujeción, la atención médica sigue siendo insuficiente y cicatera, denegando pruebas o tratamientos especializados a los internos enfermos si no poseen tarjeta sanitaria (o no pueden pagar una asistencia médica privada...). Que los medios materiales y las infraestructuras del centro son también origen de vulneración de derechos fundamentales al estar ubicada la celda de aislamiento en un lugar de paso, a la vista pública y a escasos metros del acceso al establecimiento no penitenciario.
Precisamente, la resolución judicial exige a las autoridades a que se tomen las medidas necesarias para que estas vulneraciones se acaben. Que se permita a los internos llevar relojes, utilizar y llevar consigo sus teléfonos móviles y ampliar la capacidad de terminales telefónicos públicos al alcance de los internos. Que se dé la asistencia médica completa especializada a las personas enfermas, por más que no tengan tarjeta sanitaria. Que se ubique la celda de aislamiento en otro lugar que respete y proteja el derecho a la intimidad del sujeto a medidas coercitivas de separación del resto de internos.
Deseo detenerme un poco más en esta noticia. La labor de control y vigilancia del Juez es enorme. Aunque sus competencias son estrechas y solamente se circunscriben a las condiciones de estancia durante el internamiento y la afectación de derechos que esa estancia con privación de libertad conlleva. Aunque le ley restringe el margen de acción del juez, éste lo aprovecha.
Sin embargo, desde mi posición como letrado en el Servicio de Orientación Jurídica dentro del CIE, la tarea es mucho más ingente si fiscalizamos las decisiones por las cuales las personas son enviadas al CIE. Para mí no se trata únicamente de discernir si los internos deben llevar móvil o no (dos meses después del Auto, los internos ya los pueden utilizar libremente). Para mí, resulta más crucial constatar que una amplia proporción de personas privadas de libertad no deberían haber traspasado el umbral de la puerta del CIE.
No solamente mejoramos las condiciones de estancia sino que denunciamos las decisiones que llevan al CIE a menores de edad, a ciudadanos de la Unión Europea, a padres con menores españoles a su cargo, a cónyuges y parejas de españoles, a jóvenes extutelados por las administraciones públicas, a apátridas, a solicitantes de asilo, a residentes legales de larga duración con tarjetas caducadas, a ciudadanos de países de expulsión imposible (o muy improbable). No puede ser que las brigadas de extranjería de Policía Nacional de forma sistemática soliciten el internamiento cautelar para estas personas, no puede ser que la Fiscalía informe favorablemente al internamiento en estos casos, no puede ser que los Jueces de Instrucción dicten resoluciones de internamiento de estas personas, no puede ser que los abogados defensores se conformen. Los criterios de la Circular 6/2014 no son aplicados en absoluto por la Policía Nacional en las decisiones de internamiento con que me confronto cotidianamente en el CIE.
El 20 de junio, se celebró una multitudinaria manifestación y concentración frente a las puertas del CIE de Barcelona, convocada por la campaña Tancarem el CIE de Barcelona que forman tres entidades: Migrastudium, SOS Racisme Catalunya y Tanquem els CIEs. La concentración reunió a unas 2.000 personas. Además del contenido festivo y conmemorativo (el 15 de junio es la jornada estatal por el cierre de los CIE y el 20 de junio el Día Internacional de los Refugiados), la tarde del 20 de junio tuvo un componente reivindicativo y de denuncia: la sociedad se niega a ser cómplice de las vulneraciones y la falta de respeto de la dignidad de las personas migrantes. Es patente nuestro hastío por el desprecio que los poderes públicos demuestran por las personas.Expulsiones exprés, devoluciones en caliente, vuelos colectivos de deportación, redadas de identificación por perfil étnico, añaden vergüenza a la deplorable realidad de los CIE. Y la sociedad plantea propuestas y alternativas a los poderes.
El 23 de julio, el pleno del Parlament de Cataluña aprobó las conclusiones de un grupo de trabajo ad hoc de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La más llamativa de las conclusiones es instar a los gobiernos catalán y español a que inicien lo antes posible el proceso para el cierre progresivo de los CIE. El texto aprobado por el poder legislativo catalán por 108 votos a favor y 29 en contra, es muy elaborado, complejo y riguroso y ofrece una batería de razones poderosas para la crítica de la actual política de extranjería, basada en la expulsión y el internamiento, y la construcción de políticas nuevas y diferentes.
¿Qué tienen en común un juez, dos mil manifestantes y ciento ocho diputados? Todos ellos han escuchado lo que las personas migrantes les decían, han creído sus historias de vida, sus relatos de sufrimiento y de resistencia. A veces los han recibido directamente. El mismo juez de instrucción 1 tiene por costumbre acudir al menos una vez al mes al CIE y entrevistarse con algunos internos. Otras veces los han recibido a través de los testigos de esas historias en que nos hemos convertido los que convivimos con las personas migrantes. Las comparecencias de las entidades en la comisión parlamentaria fueron una verdadera forma de abrir los ojos a los parlamentarios que nunca habían siquiera imaginado los entresijos de los CIE y la política de extranjería.
Ya escribí en otra ocasión que la política de extranjería vivida -o sufrida-, será la legitimadora de un cambio de paradigma desde abajo. Sigo defendiendo ese nuevo sentido común en el Derecho del que habla Boaventura de Sousa Santos, que alimente su fuerza emancipadora. Entonces, como ahora, «en la tensión entre regulación y emancipación, el derecho contemporáneo ha optado más bien por su contenido regulatorio que emancipatorio. En esa tarea de recuperación de la respuesta emancipatoria del derecho, podemos actuar desde abajo, desde un lugar subalterno e insurgente, con las historias personales y colectivas de las personas migrantes que nos encontramos en el camino, desde la política de extranjería sufrida, desenmascarando y revelando la vacuidad de la retórica de la política de extranjería discursiva. Cuando contrastemos la realidad legal con la realidad de las víctimas del daño social. Podemos seguir denunciando la inhumanidad, irracionalidad e incongruencia de la política de extranjería aplicada. Cuando contrastemos la aplicación de la política con la realidad de las víctimas del daño social. Podemos seguir publicando el valor y el sentido humano de la política de extranjería sufrida-vivida. Cuando contrastemos la historia oficial de éxito con la historia de los oprimidos sin justicia para ellos».
Lo que ha ocurrido en los últimos tres meses en Barcelona es un buen ejemplo de este sentido común en el Derecho, emancipatorio, subalterno e insurgente.
