Razones para prohibir una manifestación

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Odio, racismo, democracia y derechos

Hace unas semanas, la plataforma "España en Marcha" (integrada por los colectivos Falange, Nudo Patriota, Movimiento Católico, Democracia Nacional y Alianza Nacional) comunicó a la Delegación de Gobierno en Madrid la convocatoria de una concentración el día 8 de marzo con el lema "Protejamos nuestras fronteras. Alto a la invasión". Los convocantes tenían intención de celebrar la concentración en un barrio céntrico de Madrid, Lavapiés, en el que residen muchos migrantes. La Delegación del Gobierno prohibió la concentración, los convocantes recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la prohibición. La plataforma convocante vuelve a convocar una manifestación en Madrid, el próximo día 29 de marzo, con idéntico lema, aunque ya no en las calles de Lavapiés, sino en una marcha entre la sede del PSOE y la plaza de Moncloa.

¿Fue correcto prohibir esa concentración?

A mí me parece una medida desproporcionada. De lo que se trata es de una "prohibición" del ejercicio del derecho de reunión-manifestación. Por muy nauseabunda que sea la verborrea filofascista de los convocantes, se les está impidiendo ejercer un derecho fundamental. Por principio, me deben convencer las medidas represivas de derechos fundamentales que se acuerden "de forma preventiva". Si no, estamos matando moscas a cañonazos. Seguramente, hay "razones fundadas de alteración del orden público". Pero no sabemos cuáles: la simple invocación de las razones fundadas es demasiado ambigua, indeterminada y, a la postre, subjetiva. Y eso no me gusta, aunque ahora sea políticamente correcto reprimir a los xenófobos y fascistas. El discurso "preventivo" parapetado en conceptos jurídicos indeterminados de seguridad pública de la delegada del Gobierno Cifuentes no sostiene una prohibición del derecho de reunión y manifestación.

Según mi opinión, la manifestación debió celebrarse. Y si se produce incitación a la violencia, al odio racial, etc, en el transcurso de la manifestación, entonces sí que hay que intervenir en los posibles altercados. Pero me resisto a aceptar una prohibición de un derecho acríticamente, por defecto y a priori. Insisto, de lo que se está hablando y de la manera cómo se justifica la prohibición es "en la existencia de razones fundadas de que pueda haber alteraciones de orden publico con peligro para las personas." Me parece lamentable. El fascismo avanzará si no lo combatimos con mejores argumentos que los de Cifuentes. Además, nótese que el medio de difusión de la justificación no puede ser más lacónico: twitter.

Y yo necesito saber qué hay detrás de los tuits de la delegada del gobierno. Si con 140 caracteres tenemos suficiente para aceptar la prohibición de una manifestación, no vamos bien. Eso es todo lo que pido, un poco de rigor, cuando del derecho de reunión y manifestación se trata. El art. 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ya prevé que el “ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros”, así como el art. 21.2 de la CE dice que las “razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes” son un principio de modulación o limitación del ejercicio del derecho de reunión.

Pero la jurisprudencia constitucional española, así como la del TEDH (vgr. caso del Sunday Times contra R.U.) insisten en que la decisión de limitar el derecho debe ser especialmente motivada. En este sentido, “no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión, de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad” (SSTC 170/2008 y 96/2010). Las limitaciones han de fundamentarse pues “en datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso” (STC 301/2006). El art. 10 de la LO 9/1983 permite a la delegada del gobierno en Madrid “prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación”. Y aunque la ideología expresada por los convocantes sea nauseabunda, la STC 301/2006 dice que “el contenido de las ideas sobre las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio de este derecho no puede ser sometido a controles de oportunidad política”. El caso de la STC 301/2006 fue el de la prohibición de 4 manifestaciones, en Madrid en días consecutivos, de los trabajadores de Sintel, después del levantamiento de su acampada en el paseo de la Castellana. La prohibición consistió algo así en que el derecho de reunión-manifestación ejercido insistentemente ya es una molestia o ataque al orden público. El TC dio amparo a los trabajadores de Sintel, por supuesto.

Además, como dice la STEDH de 1979 sobre el Sunday Times, la limitación debe ser proporcional al objetivo perseguido. Eso incluye tres condiciones: que la limitación consigue la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes; que no había otra medida más moderada en vez de la prohibición; y que produjo más ventajas o beneficios para el interés general que sus perjuicios.

Finalmente, no me convence el argumento sobre la justificación de la prohibición por el hecho de que se "celebrase" en Lavapiés, donde viven muchos inmigrantes, objeto y diana del discurso de los convocantes. Sólo me convence si el argumento es que "hay que evitar peligro a personas", no que "en Lavapiés hay muchos inmigrantes". Me explico: Si deseo expresar mi repulsa por el trato y las condiciones de los CIE, yo me manifestaré en la puerta del CIE de la Zona Franca y en la puerta de la jefatura superior del CNP. Si deseo protestar por la política financiera de CaixaBank haré una cadena humana que rodeará su sede central en la Diagonal barcelonesa. Si quiero denunciar el voto contrario del PP a la ILP sobre desahucios, haré un escrache en la puerta de casa de la vicepresidenta del gobierno. Además, en todos los casos trataré de cortar el tráfico, interrumpir la normal circulación, el transporte público y privado, incomodar lo máximo posible, etc. No iré a la manifestarme a la playa, a un parque o a la cima de un monte. Es decir, una manifestación es un acto de poder, de fuerza ciudadana. Y tiene que incomodar, poner en alerta, molestar. Claro que tiene algo de amedrentamiento, de aviso para navegantes, de intimidatorio. Es como pretender negar a la huelga obrera lo que también es, entre otras cosas: un acto de violencia. Por eso, entiendo que una convocatoria de ese tipo se haga en Lavapiés; no puede ser de otra manera, si es una manifestación de verdad.

Si seguimos el hilo de las razones de la Delegación del Gobierno “las fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes” podemos seguir y seguir debatiendo sin llegar a buen puerto. En cambio, focalizando el debate en lo esencial, es más fácil llegar a un consenso. Lo esencial en este caso es que la convocatoria de Lavapiés era una convocatoria, digámoslo claramente, racista, llena de odio racial y xenófoba. He leído la Sentencia del TEDH de 9 de julio de 2013, caso Vona contra Hungría. La sentencia avala la ilegalización de un asociación llamada “Guardia Húngara” (Magyar Gárda ) cuyos miembros, vestidos con uniforme, celebraban concentraciones y manifestaciones en toda Hungría , incluso en pueblos con grandes poblaciones romaníes, pidiendo la defensa de los "húngaros étnicos" en contra de la llamada "criminalidad gitana". Estas manifestaciones y concentraciones no estaban prohibidas por las autoridades. En una de estas manifestaciones, con la participación de unos 200 activistas, se organizó en un pueblico de unos 1.800 habitantes. La policía estaba presente y no permitió que la marcha pasase a través de una calle habitada por familias gitanas. Cambiemos “hungaros étnicos” por “millones de parados españoles” y “criminalidad gitana” por “invasión africana”. El Tribunal de Budapest declara ilegal la Guardia Magiar, analizando aquella manifestación: “El propósito fundamental de este evento fue de hecho para colocar el foco en la 'delincuencia gitana'. La utilización de esta generalización, claramente basada en motivos raciales y étnicos, violó el principio de igual dignidad humana ... Por otra parte , esto no era una ocasión única... [El movimiento] basa su programa en la discriminación entre las personas y lo expresó a través de varias marchas, lo que equivale a una demostración de poder y para amenazar a otros a través de la apariencia [de los participantes en las marchas ]. El tribunal señaló que los participantes, que estaban uniformados, tenían brazaletes desgastadas bastante similares a las de los funcionarios de la Cruz de Flecha (responsable del reinado del terror en Hungría en 1944 y 45). Consideró que las marchas con los participantes vestidos de esta manera eran objetivamente capaces de herir sensibilidades "históricas". En Hungría, los tribunales tienen un concepto evidente de memoria histórica y de los regímenes funestos de su historia, dicho sea de paso. El tribunal llegó a declarar que, a pesar del propósito declarado de la Asociación, sus acciones habían creado una atmósfera de sentimiento antigitano.

Es interesante el concepto del TEDH de “público cautivo” (captive audience), que es la población que sufre pasivamente la manifestación (los vecinos de origen inmigrante de Lavapiés) y es agredida por su desarrollo. Para el TEDH, los guardias magiares habían tomado medidas concretas en la vida pública con el fin de implementar una política incompatible con las normas de la Convención y de la democracia. Porque la organización de una serie de manifestaciones supuestamente con el fin de mantener la "criminalidad gitana " a raya mediante desfiles paramilitares se considera la aplicación de una política de segregación racial. De hecho, las marchas de intimidación pueden ser vistas como que constituyen los primeros pasos en la realización de una determinada visión de la "ley y el orden", que es racista en esencia. El Tribunal recuerda en este contexto que si el derecho a la libertad de reunión se ejerce en varias ocasiones por medio de intimidar a las marchas que involucran grandes grupos, el Estado tiene derecho a tomar las medidas que restringen el correspondiente derecho a la libertad en la medida en que es necesario para evitar el peligro que dichos actos de intimidación a gran escala representa para el funcionamiento de la democracia. Nada menos, la protección última es a la democracia.

El voto particular del Juez portugués Pinto de Albuquerque es especialmente expresivo de la esencia del tema de que hablamos: asumir al racismo como enemigo de la democracia. Recomiendo su lectura. El juez defiende directamente la represión penal del racismo, algo que no es tan evidente, ya que, como comenté en mis notas sobre la sentencia de la librería Europa, en España no es delito negar el Holocausto, sino solamente justificarlo. Para el juez portugués, “los Estados Partes en la Convención tienen la obligación de tipificar como delito la expresión y difusión del racismo, la xenofobia o la intolerancia étnica, prohibir toda asamblea y disolver todo grupo, organización, asociación o partido que los promueve […] Esta obligación positiva internacional debe reconocerse como un principio de derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, y una norma imperativa con el efecto de que ninguna otra norma del derecho internacional o nacional podrá establecer excepciones al mismo”.

Estos criterios del racismo, el odio racial, la xenofobia, son más concretos que los de “las fundadas razones de orden público”. Los criterios de protección directa de la democracia (no del orden público, no de la seguridad ciudadana) nos pueden ayudar a marcar los límites a los abusos legislativos que estamos presenciando en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Los proyectos de reforma la LOSC y del Código Penal pueden ser medidos con la vara de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la reforma del art. 89 del Código Penal, que permitirá la expulsión de extranjeros (incluso con residencia legal, incluso comunitarios) condenados a prisión, puede ser tan racista como el lema “primero los españoles” de la plataforma España en marcha.

Dice el TEDH en la sentencia Vona contra Hungría, que no hay Derechos Humanos sin democracia: “la Convención no tiene en cuenta otro orden político que la democracia”. Creo que es así.